APUNTES SOBRE UNA LUCHA POR LA TIERRA

“Necesitamos un territorio sin divisiones, con un solo título a nombre de todas las
comunidades, ese es mi mensaje”
Francisco Pérez, audiencia pública de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2019.

El 12 de octubre de 1492 comenzó un período de invasiones, exterminio e invisibilización de las naciones, pueblos y comunidades originarias que configura y desemboca en matrices coloniales y racistas de poder que permanecen en la actualidad. Hace un poco más de dos semanas me convocaron a dar una clase en un posgrado en “Administración de Justicia”, el profesor a cargo resalta las inquietudes que la temática indígena produce a partir de los objetivos curriculares de abordar “Nuevos núcleos problemáticos que generan la tendencia a la judicialización de los conflictos políticos, sociales y económicos”. Sin embargo, las luchas y resistencias de los pueblos indígenas frente al colonialismo nada tienen de nuevas, son más de cinco siglos, 530 años de resistencia indígena. Cuento esto para derivar una reflexión y una pregunta posible: ¿Cuáles son los mecanismos, o mejor dicho, los dispositivos que nos permiten imaginar, percibir, hacer visibles o construir “núcleos problemáticos” en el campo de elaboración de lo jurídico y lo político?

Las perspectivas críticas en el campo del derecho generan un espacio, una propuesta teórica o una forma de reflexión sobre los pueblos y comunidades indígenas, los derechos indígenas y los movimientos indígenas a partir de enfoques que contemplan al derecho como una práctica social y discursiva y postulan la necesidad de abordarlo a través de miradas complejizadoras, jurídicas y políticas, así como sociales, de género, antropológicas, económicas, culturales y ambientales, entre otras. Desde allí escribo.

En el presente artículo persigo a situar, resumidamente, algunas dimensiones de los vínculos entre los pueblos y comunidades indígenas, el derecho y las violencias. La pregunta sobre los procesos de in/visibilidad, se enmarca en una problematización más general que indica que la transformación de los escenarios de lucha indígena es el resultado de los procesos de organización política, es decir la política indígena, el rol de los movimientos indígenas y los reclamos legales, en torno a derechos indígenas y violaciones del estado y particulares. Para anclar, finalmente, en el reclamo de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra en wichí) por los territorios que tradicionalmente ocupan.

Respecto de la historia de las relaciones entre el estado argentino y los pueblos originarios, diversos pueblos y organizaciones indígenas, así como también investigadores (Lenton et al 2019, Bayer, 2010), sostenemos que el estado nación se fundó sobre un genocidio[1]; es decir, sobre acciones que tenían como objetivo exterminar a los pueblos originarios, impedir su reproducción, destruir su identidad y asimilar a los sobrevivientes en una “ciudadanía étnicamente indiferenciada”. También de acuerdo con Diana Lenton, la categoría “proceso genocida” es más apropiada. Entonces el proceso genocida fundacional del estado nación continúa debido al mantenimiento de condiciones estructurales y simbólicas que posibilitan su persistencia (Lenton, 2019). Hablar de proceso genocida evita circunscribir el exterminio sistemático en un período de tiempo específico, dado que el genocidio no se clausura mientras permanezcan las condiciones estructurales y simbólicas que posibilitan su continuidad.

Desde el campo jurídico, Ramírez califica a las relaciones entre el estado argentino y los pueblos indígenas como traumáticas (2015) y las sitúa en un contexto de despojo y genocidio (2017). La abogada peruana Fajardo (2009) se refiere a políticas que ponen en cuestión la supervivencia de pueblos originarios. También, desde una perspectiva centrada en el género y la raza, los daños que el frente estatal-empresarial–mediático-cristiano (Segato, 2014) infringe contra los pueblos indígenas no han cesado, sino que persiste con la continua violación a sus derechos. Y vaya si continúa[2].

Lhaka Honhat y el derecho al territorio como derecho a vivir tranquilos

Las Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat llevan adelante una lucha enorme por el territorio que habitan en la Provincia de Salta desde tiempos ancestrales. En 1998, luego del derrotero en el ámbito nacional, instalaron en sede judicial internacional su reclamo[3]. En 2020 lograron la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que declara la responsabilidad internacional de Argentina por violación de un conjunto de derechos indígenas, como dice Ramírez, una sentencia es muy relevante no solo para las comunidades indígenas afectadas sino, a la manera de precedente, para todos los pueblos indígenas que viven en Argentina y para toda América Latina.

En el fallo, la CorteIDH condenó al estado argentino por violar el derecho de propiedad comunitaria de 132 comunidades indígenas de los pueblos indígenas Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) y Tapy’y (Tapiete), que habitan en el Chaco salteño, por un título único e indiviso sobre 400.000 hectáreas. También se condenaron violaciones a los derechos a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a la consulta y participación de las comunidades en cuestiones que les afecten.

Mencioné primero el contexto de despejo y genocidio pues en la zona del territorio reclamado, a principios del siglo XX, el estado nacional autorizó la creación de una colonia ganadera, con lo que varias familias se asentaron allí con su ganado, predominantemente vacuno. Retomando a Lenton (et al, 2019) y las relaciones entre pueblos originarios y el estado nación, y para ubicar la continuidad de las prácticas militares en el Chaco salteño, las campañas colonialistas contra los indígenas se extendieron desde los inicios de la formación del estado, a lo largo del siglo XIX…A partir de 1884, la llamada “Conquista del desierto verde” avanzó en la región chaqueña hasta mediados del siglo XX. Campañas que perseguían apropiar territorios y utilizar a la población indígena sobreviviente como mano de obra en las agroindustrias emergentes.

Retomemos la categoría proceso genocida de Lenton y Fajardo cuando dice que al hecho colonial le siguieron las políticas de exterminio y asimilación del s. XIX, el integracionismo forzoso de mediados del s. XX y, finalmente, las políticas de ajuste estructural de fines del s. XX e inicios del s. XX, las que han significado nuevas formas de exclusión para los pueblos indígenas e, incluso, han puesto en cuestión su propia existencia como pueblos.

Francisco Pérez

Un referente wichí histórico de Lhaka Honhat, Francisco Pérez, en la audiencia pública que se llevó adelante en San José de Costa Rica en 2019 dijo: “Nosotros esperamos tanto tiempo, solucionar el problema de la tierra. Terminar (la) demarcación, delimitación, traslado. Terminar el título único, esa es la esperanza que tenemos nosotros. Después habrá problemas internos, pero los solucionamos nosotros”. Francisco falleció en 2021, mucho le debemos. Hoy Cristina Pérez, su hija, por elección de la Asamblea de Caciques y Cacicas es la Coordinadora.

En 2020, la Corte dictó la sentencia que confirma la violación del estado argentino de los derechos indígenas y ordena medidas reparatorias, acciones obligatorias para el estado. Son diversas, pero entre las más importantes están el deber de delimitar y demarcar el territorial y otorgar a las comunidades indígenas un título único, mediando la relocalización de las familias criollas, todo en un plazo máximo de seis años desde que se notificó la sentencia. Una medida importante es la obligación de consultar a las comunidades de manera previa, libre e informada respecto de cualquier obra o emprendimiento que el estado se proponga realizar en el territorio indígena que afecten su existencia, valor o goce. Finalmente, Argentina debe sancionar una ley de protección de propiedad comunitaria indígena.

La lucha de Lhaka Honhat impacta y transforma los escenarios de movilización y defensa de los derechos indígenas, en tanto es el resultado de procesos organizativos, políticos y de un potente reclamo legal. Su ejecución está en proceso y continúa dependiendo de la lucha indígena por el derecho al territorio como derecho a vivir tranquiles.

BAYER, Osvaldo (2010) Coord. Historia de la crueldad argentina. Julio A. Roca y el genocidio de los Pueblos Originarios. Buenos Aires: El Tugurio.
Corte IDH. Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2020.
LENTON, Diana et al (2019) Apuntes antropológicos sobre pueblos indígenas y violencias en la Argentina contemporánea [4-18] Revista QueHaceres Nº4. ISSN 2408-4301
RAMÍREZ, Silvina (2015). Matriz Constitucional. Estado Intercultural y Derechos de los Pueblos Indígenas. Colección Derechos de los Pueblos Indígenas N° 2. Buenos Aires: Ad Hoc.
SEGATO, Rita (2014). El sexo y la norma: frente estatal, patriarcado, desposesión, colonidad, Revista Estudos Feministas, vol. 22, núm. 2, mayo-agosto, pp. 593-616 Universidade Federal de Santa Catarina. Santa Catarina, Brasil.
YRIGOYEN FAJARDO, Raquel (2009). “Medio siglo de Derecho internacional indigenista y un cuarto de siglo de constitucionalismo pluralista en Latinoamérica: balance y retos”.

[1] Quisiera mencionar el Juicio por la masacre de Napalpí: El 19 de mayo de 2022 finalizó el primer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos el 19 de julio de 1924 por fuerzas del estado contra comunidades originarias. Napa’lpi es el “lugar donde habitan las almas de los muertos (lpaqal)”, según Orlando Sánchez, historiador qom. La justicia argentina decidió que la “Masacre de Napalpí”, en la que se estiman más de 500 muertos, son crímenes de lesa humanidad en el marco de políticas genocidas, perpetrados por la Policía Nacional de Territorios contra estas comunidades Qom y Mocoví-Moqoit en el paraje El Aguará, cercano a la reducción indígena de Napalpí, que en aquellos años pertenecía al territorio nacional del Chaco.
[2] En los últimos días hablo de la represión, detención y múltiples violaciones de derechos de mujeres mapuches en Villa Mascardi en su lucha territorial. Y la detención de un joven wichí, Abel Moreno, mientras defendía su territorio tradicional frente a intentos de usurpación en el chaco salteño.
[3] El caso estuvo 22 años en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en 1998 con asesoramiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y aunque parezca mucho, es aún más larga la historia de las reivindicaciones territoriales indígenas en la zona. La primera presentación del reclamo fue en 1984 (aunque cuenta Francisco Pérez que desde 1966 se conversa el tema en las comunidades).

Paola V. Colombero

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