DESIGUALDADES | DE LATINOAMERICA A PERGAMINO

La pandemia agudizó, ensanchó y profundizó la desigualdad social estructural ya imperante con el paradigma neoliberal. La explosiva mezcla de mega ricos y mega pobreza configura un escenario complejo y altamente conflictivo. Los desequilibrios humanitarios están signados por la extensión de la inseguridad alimentaria y las vulnerabilidades múltiples.

Según la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, América Latina y el Caribe es la región del mundo en desarrollo más afectada por la crisis. En un contexto de promedios bajos de crecimiento post pandemia, se agravaron los problemas estructurales de baja productividad, alta informalidad, desempleo, desigualdad, pobreza, e indigencia. Las asimetrías quedan demostradas con un dato: 500 personas en Estados Unidos concentran una riqueza de 7.000 trillones de dólares. Mientras las fortunas de los millonarios crecieron en más de 3,9 billones de dólares en 2020, la población con pobreza extrema pasó de 119 millones a 224 millones de personas. Es muy marcada la contradicción del privilegio y la desigualdad.

El alza de la pobreza en Latinoamérica pasó de 189 millones de personas en 2019 a 209 millones en 2020. Sin las transferencias de emergencia de los Estados la cifra se hubiera triplicado. La pobreza es mayor en áreas rurales, niñas, niños y adolescentes, indígenas, afrodescendientes y población con menor nivel educativo. La región está enfrentando la peor crisis en 100 años con impactos sociales, productivos y humanos que van a perdurar.

POBREZA: LA MALA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

La pobreza afectó al 40,6 por ciento de la población argentina en el primer semestre de este año. Creció cinco puntos porcentuales en relación a los primeros seis meses de 2019. Y el 10,7 por ciento de las personas quedaron en situación de indigencia. El 8,2 por ciento de los hogares no cubre los requerimientos alimenticios básicos. Ni antes ni hoy, vivir la vida en la pobreza, o sea sobrevivir, es una elección voluntaria, o consecuencia de los problemas de la meritocracia como se quiere discutir, desde los preceptos liberales. La pobreza no se reduce a ingresos y a lo mínimo para vivir. No es solo comer y trabajar. Abarca la participación en actividades que hacen a la construcción de identidad, despliegue de la personalidad, sentirse útil. Comprende también las condiciones habitacionales, los servicios básicos, el acceso a la educación, la cultura y el empleo digno.

Inclusive no se reduce a personas que tienen dificultad para obtener un puesto de trabajo. Abarca a trabajadores ocupados en el sector formal que no cubren la canasta básica por lo bajo de sus salarios. Son trabajadores pobres. O los que se sostienen con autoempleo, microemprendimientos, o changas. Por eso se piensa como una alternativa eficaz establecer una garantía de ingreso básico universal para todos los que se ubiquen debajo de la línea de pobreza, independientemente de su participación en el mercado laboral.

A todo esto, debemos agregar que cuatro de cada diez argentinos se encuentran estructuralmente en la informalidad y la precariedad desde hace años. Trabajadores en negro, sin cobertura y seguridad social y bajo condiciones laborales deplorables. Para completar el panorama, sumamos a millones de personas, una porción enrolada en movimientos sociales, que componen el enorme tejido organizacional solidario de la economía popular. Trabajo mayoritariamente de mujeres que se desenvuelven en acciones comunitarias, huertas, comedores populares, merenderos, ferias barriales, roperos de intercambio. Titánicos esfuerzos cotidianos no considerados “trabajo”, por lo tanto, sin ingresos.

El Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP), en su último informe dio a conocer un total de dos millones, ochocientos mil inscriptos en distintas provincias argentinas, un millón solamente en provincia de Buenos Aires. El 57,4 por ciento son mujeres. Este dato se dimensiona mejor si se recuerda que en la economía informal son mayoría, mientras en el mercado laboral privado en blanco las mujeres son minoría y solo ocupan el 32,9 por ciento. Además, la edad promedio del trabajador o trabajadora de la economía popular es de 33 años.

La Argentina tiene la capacidad de producir alimentos para casi 450 millones de personas, alrededor de diez veces su población, pero el 8,2 por ciento de los hogares no llega a cubrir con sus ingresos la canasta básica alimentaria.

Mientras una de cada cuatro personas come en comedores comunitarios, los monopolios dueños de la comida llegaron a quintuplicar sus ganancias en solo tres meses con una situación epidemiológica mejor por pandemia. Apenas un puñado de empresas, concentran el negocio alimenticio, y aumentan desorbitadamente los precios para maximizar sus rentabilidades, afectando seriamente el acceso y la calidad alimentaria de la población.

DAR DE COMER EN LA CAPITAL NACIONAL DE LA SEMILLA

En Pergamino, la zona núcleo de la potencia productiva agrícola del país, con abultados capitales colocados en depósitos bancarios y circuitos financieros, y con uno de los promedios de mayor inversión inmobiliaria de la región, la asistencia alimentaria y de necesidades básicas insatisfechas llega a más del 30 por ciento de la población.

Sumadas las prestaciones y asignaciones económicas de organismos públicos, más la generación solidaria autogestionada no baja de 30.000 pergaminenses la cifra de quienes representan estar debajo de la línea de pobreza con riesgo de inseguridad alimentaria. El Movimiento de Mujeres de la Economía Popular tiene organizados 65 espacios, con 60 emprendedoras para alimentar a 2500 niños. El Observatorio Popular de Movimientos Sociales asiste a 2500 niños y 500 adultos en 42 comedores. Las Mujeres de la Matria Latinoamericana tiene distribuido en barrios humildes 10 merenderos para asistir a 500 niños, embarazadas y adultos mayores. Hasta ahí hace un total de 7000 asistencias alimentarias esparcidas en la geografía del Partido. No entran en la cuenta la tarea permanente de asistencia de organizaciones religiosas como Caritas, Iglesias Evangélicas y casas barriales abiertas de ayuda de fin de semana. Según el registro de la Federación de Tierra y Vivienda, Pergamino tiene 21 asentamientos populares (antes nombradas villas) distribuidos en varios barrios periféricos de la ciudad.

El Pami otorga 1000 tarjetas del programa alimentario Probienestar a adultos mayores. La Cooperativa Eléctrica ofrece 12000 tarifas sociales para el consumo de energía de familias vulnerables. La Anses entrega 16.000 asignaciones familiares y tarjetas Alimentar, 5000 beneficios a jóvenes del programa Progresar y 500 subsidios por desempleo. El servicio alimentario del sistema educativo tiene un registro actual de 4500 beneficiarios de los ciclos inicial, primario, secundarios y centros complementarios. En 2020 esa cifra era de casi tres mil. O sea, hoy son 1500 más desayunando, almorzando o merendando en las escuelas.

A veces poner blanco sobre negro estos números es más que necesario para los que hablan del orgullo de ser pergaminense desde los estamentos oficiales con semejante cuadro socio laboral cultural y humano.

¿Es oportuno preguntarse qué pasaría con el conflicto social en nuestra ciudad si no existiera semejante red de contención pública o solidaria, y miles reclamarían un modelo de asistencia masiva desde el municipio local, como ámbito natural de resolución de los problemas?

O planteado de otro modo. ¿No será que, porque no existe respuesta integral y universal de un modelo sensible y humanista desde el municipio, existen otros ámbitos y espacios que intentan dar respuesta?

Inseguridad alimentaria y vulnerabilidades inaceptables en Pergamino, Capital Nacional de la Semilla. De Latinoamérica a Pergamino por los caminos de la desigualdad.

Gustavo Pérez Ruíz

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