FUMIGACIONES | LA CIUDADANA QUE DERROTÓ AL GOBIERNO DE PERGAMINO EN LA JUSTICIA

El testimonio de Sabrina Ortiz, víctima de las fumigaciones y denunciante-querellante en la mega causa federal.

Pergamino es una las ciudades de la Argentina, donde rigen mayores restricciones legales para la aplicación de productos agro tóxicos. Desde el año 2019, solo están permitidas a 1095 metros las terrestres y a 3000 metros las aéreas: de las zonas urbanas. Las distancias fueron determinadas por una medida cautelar de la Justicia Federal que superan ampliamente a las que estaban establecidas por ordenanza municipal, debido a su incumplimiento por parte de productores que fumigaron en cercanías de un barrio y hoy se encuentran procesados.

En un fallo histórico también fueron procesados por primera vez en la Provincia de Buenos Aires, los encargados de la Dirección de Ambiente Rural del Gobierno de Pergamino, Mario Daniel Tocalini y Guillermo Nicolás Naranjo, ambos por no cumplir con la responsabilidad de realizar los controles de las pulverizaciones y no intervenir ante las denuncias por contaminación de los vecinos de distintos barrios.

La no protección del interés público del gobierno municipal quedo más evidenciado con las presentaciones judiciales del propio intendente Javier Martínez. Permanentemente negó y relativizó la gravedad del problema, rechazando y apelando en varias instancias judiciales, pero sin éxito, la decisión cautelar de los jueces federales que limitaron las fumigaciones por el principio precautorio.

En vez de propiciar el cuidado del ambiente, la calidad del agua y el derecho a la salud de los habitantes de la ciudad que gobierna, se alineó con los intereses privados de un modelo agro industrial intensivo que es reacio a cumplir con los límites impuestos a la aplicación de agroquímicos.

Como resultado de la investigación judicial, peritos científicos y un equipo de Toxicología de la Corte Suprema de Justicia de la Nación aportaron estudios probatorios sobre el hallazgo de restos de 18 agroquímicos en el agua y el suelo de la zona de Pergamino, poniendo en duda su aptitud para el consumo humano. A partir de esos datos, la justicia obligó e intimó a la Municipalidad a distribuir agua segura en los residentes de los barrios más afectados.

Análisis posteriores a las distancias ampliadas de prohibición, dieron cuenta de la disminución a la mitad de esa cantidad encontrada, demostrando la eficacia de la prohibición de la fumigación indiscriminada. Las constancias médicas demostraron con certeza la presencia en orina y sangre de varios tipos de pesticidas y herbicidas en los miembros de la familia de la denunciante original de la causa, la ahora abogada ambientalista Sabrina Ortiz.

Todos están comprometidos en su salud según los análisis de genotoxicidad, comprobándose daño genético y variados síntomas y consecuencias en sus organismos. En la actualidad siguen cursando un complejo tratamiento médico.

Se cumplen doce años del comienzo de aquella lucha judicial emprendida por Sabrina Ortiz, la vecina de uno de los barrios afectados por la problemática, que recibió los efectos nocivos de una fumigación realizada en frente de su vivienda. Docente de salud, decidió estudiar abogacía para enfrentar el largo recorrido judicial y hoy es miembro de la organización Naturaleza de Derechos, del colectivo “Paren de Fumigar” y querellante en la causa Federal.

Ella y su familia sufrieron varias amenazas, hostigamientos e intimidaciones. La siguiente entrevista es la historia de una ciudadana que derrotó judicialmente al gobierno municipal y puso en el centro de la agenda pública los derechos de la población a la vida, la salud y el ambiente.

L.B: ¿Cuál es la situación de salud de su familia y como se comprobó la asociación directa entre las patologías y los agroquímicos?

S.O: En el caso de mi hijo menor Ciro, tenia síntomas como sangrado en orina, fiebre, inflamación de lengua, piel brotada e inmunodepresión. A mi otra hija Fiama le surgieron inflamaciones, quistes en los huesos. Los análisis convencionales para descartar enfermedades o patologías raras por bacteria dieron resultado negativo. Luego el equipo del área de toxicología del Hospital Austral detectó una presencia y concentración de agrotóxicos 120 veces mayor de lo que puede tolerar el cuerpo de Ciro, con cadenas ganglionales en los intestinos, llamadas Adenomegalia. A Fiama le encontraron a través de cinco biopsias 58 veces más agroquímicos de lo tolerable para su cuerpo. Finalmente un estudio que realizó la Dra. Delia Aiasa de la Universidad de Rio Cuarto determinó que los cuatro integrantes de la familia padecemos daño genético por sustancias neurotóxicas, y todos estamos bajo tratamiento.

L.B.: ¿En qué pruebas se basó la justicia federal de San Nicolás para sostener las prohibiciones de fumigación establecidas para Pergamino?

S.O.: La causa tiene 23 cuerpos, incluidas más de 70 historias clínicas que hablan del impacto de la contaminación. Entre ellas la más importante, el daño genético y sus consecuencias en los organismos de toda mi familia. Más el hallazgo de 18 agroquímicos en el agua de red de tres barrios: Villa Alicia, La Guarida y Luard Kayad. Pero luego se incorporó otro barrio, Santa Julia, donde un relevamiento de una docente encontró más de 55 casos de cáncer, incluida ella y toda su familia.

Gracias al muestreo científico ordenado por el perito científico, Dr. Medardo Ávila, un estudio comparativo de la ingeniera Virginia Aparicio del INTA Balcarce detectó la presencia de 19 sustancias agrotóxicas en el agua del pozo central del barrio y uno aledaño en un campo sembrado por soja. Un equipo de peritos de la Corte Suprema de Justicia confirmó todos los resultados y aumentó la contundencia probatoria.

L.B.: Usted abrazó una causa compleja en el corazón de la zona núcleo más poderosa del país en materia de los intereses concentrados corporativos del agronegocio, aliados con el poder político del gobierno municipal. ¿Qué situaciones debió atravesar con sus denuncias? ¿Cómo evalúa la posición del intendente y la actitud de algunos productores agropecuarios involucrados y el resto de la sociedad pergaminense?

S.O.: Uno de los productores involucrados disparo dos balas de arma de fuego y dejo bidones de agroquímicos en mi casa y mensajes de amedrentamiento en mi auto. Mi mamá sufrió la irrupción en su domicilio de dos hijas de otro productor implicado, una de ellas armada, amenazando y diciendo: “Que tu hija se deje de joder o le vamos a quemar la casa”. Y un atentado perpetrado contra mi papá y mi sobrino en la ruta por parte de otro procesado. Mi hija entró en pánico y no quería salir a la calle. Yo tuve miedo por mi familia.

Abogados del derecho ambiental que jugaron con las empresas del agro negocio criticaban las decisiones judiciales y ninguneaban mis denuncias. Las empresas del complejo de los agroquímicos falseaban mensajes sobre la verdad de lo que sucedía a través de una ONG.

No es que uno esté en contra de los que producen. Solo que se necesita un cambio cultural de modelo de producción para darle espacio a la agroecología como nuevo modelo de alimentación sustentable y sana.

El Intendente en su máxima expresión de perversidad negó lo que significa que nos fumiguen en nuestras cabezas, y las pruebas de la mala calidad del agua, y apeló las medidas cautelares preventivas del juez federal. Y pretendía al mismo tiempo presentarse como querellante para decir que como representante de la ciudadanía protegía sus derechos. Por el contrario negó a los enfermos y fue en contra de las víctimas y su derecho a la salud. Y fue en contra de todos los habitantes porque el problema se extendió a toda la ciudad y el partido. Se tomaron muestras en 20 puntos estratégicos de la ciudad.

Yo pregunto: ¿Qué precio, cuánto vale la vida de los que enfermamos para el intendente?.

Gustavo Pérez Ruíz

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