EL JUEGO DEL AVESTRUZ Y LA AGROECOLOGÍA

La Provincia de Buenos Aires es el Distrito que más consume y aplica productos químicos para la producción agropecuaria. Desde la sanción de la legislación provincial que regula el ciclo de los agroquímicos (ley 10.699 / 88 y su Decreto reglamentario 499 / 91) hasta la fecha, la evolución de ciertos indicadores a nivel nacional señalan:
A – Que la  producción agropecuaria nacional creció de 30 millones de toneladas hasta los 144 millones de toneladas (incremento del 350 %),
B – Que  la superficie dedicada a la actividad agrícola pasó de 20 millones de hectáreas a 31/32 millones, con un incremento del 60 %, y
C – Que se registró, paralelamente, un notable aumento del consumo de productos agroquímicos que paso de 35.000.000 de litros/kilos en 1995 a más de 350.000.000 litros/kilos en el país en 2018 por año, incremento del 1.000 por ciento, y según últimas estimaciones privadas, se habría llegado a los 500 millones de litros/kilos p/año a partir del año 2020/21.

Frente a tal panorama resultaba esperable que comenzaran a suscitarse conflictos sociales y de intereses entre quienes utilizan los productos químicos en sus prácticas productivas y pobladores de las denominadas zonas periurbanas y residentes de localidades del ámbito rural y los asistentes  a las escuelas rurales, quienes en  instancias judiciales, administrativa y legislativas comenzaron a denunciar daños al  ambiente y en particular a la salud de la población.

La ciudad cabecera de Pergamino y sus localidades de campaña están asentadas en un territorio que se extiende hasta completar 301.000 hectáreas. El 80 por ciento de la superficie está afectado a la actividad agrícola ganadera, uno de los motores y principal fuente de actividad económica y generación de riqueza.

PRIMER PISO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

A partir del año 2011, en nuestra ciudad, comienzan a emerger distintos episodios de reclamos y denuncias de personas y grupos afectados por la contaminación del ambiente con agroquímicos y la problemática cobra visibilidad para las autoridades políticas locales. La comunidad, a través de las instancias institucionales y participativas habilitadas por el ordenamiento jurídico, saldó una discusión en torno a la necesidad de regular localmente aspectos de prácticas agronómicas y la utilización de determinados insumos técnicos con potencial capacidad de daño para el medio ambiente en general, y la salud humana en particular, fijando un piso de protección ambiental emergente del consenso social alcanzado.

Fundada en  criterios sustentados en evidencia científica, que señalan la peligrosidad innata, ínsita de los productos agroquímicos y la posibilidad de incrementar el efecto dañino de los mismos por su mal uso, y la masividad y carácter acumulativo de su aplicación en el proceso productivo agropecuario, durante el año 2014 y luego de haber sorteado un veto del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Pergamino, el H. C. D. local aprobó una ordenanza, que lleva el nro. 8126/2014, que regula la aplicación de agroquímicos imponiendo una serie de pautas y restricciones para tal actividad. Entre las reglas restrictivas se impuso una zona de exclusión (100 metros desde el límite de la denominada zona urbana)  para la posibilidad de aplicaciones de productos agroquímicos y una denominada zona de amortiguamiento, en la cual sólo resulta posible aplicar determinada clase de productos con menor grado de peligrosidad, siguiendo la clasificación del SENASA. Si bien, la ordenanza como respuesta al conjunto complejo de problemas que se hallan anudados en la realidad descripta no resuelve cuestiones estructurales (el sistema productivo es causa última de los problemas ambientales) la acción política, entendida como la participación de la sociedad a través del debate, el conflicto y la puja de intereses en un marco democrático, afrontó la demanda y generó un camino para intentar proteger derechos.

FALTA DE CONTROLES E INCUMPLIMIENTOS DE LA REGULACIÓN

En el curso de los años posteriores a la entrada en vigencia de la ordenanza municipal, la debilidad, o directa inexistencia, en algunos casos, de controles eficaces de los organismos municipales y gubernamentales para asegurar el cumplimiento de las normas restrictivas y los mecanismos de prevención, sumado la actitud negligente, displicente e ilegal de algunos sujetos involucrados en aquellas prácticas productivas, permitieron que se vulnerara y transgredieran las regulaciones preventivas, suscitándose un cúmulo de casos y episodios que derivaron en afectaciones a la salud de grupos humanos afincados en zonas periurbanas de nuestra ciudad y perjuicios en la salubridad del ambiente, tanto en lo relativo a la calidad del agua, suelos y aire, que motivaron las pertinentes denuncias ante órganos judiciales y la formación de causas que se hallan en pleno trámite ante el Fuero Federal.

Como consecuencia de las probanzas acumuladas en el proceso judicial  conocido como causa “Cortese”, el Juez Federal Villafuerte Ruzo, de San Nicolás, impuso una serie de medidas preventivas, cautelares y precautorias, entre las cuales se destaca la amplificación de la zona de prohibición de aplicación de productos químicos destinados a la producción agrícola, que se desplaza, en virtud de la orden judicial, hasta los 1.095 metros contados desde el límite de la zona urbana de la ciudad cabecera del Distrito.

EL NEGACIONISMO MUNICIPAL Y LA CONFRONTACIÓN JUDICIAL

La actitud asumida por las actuales autoridades municipales frente a la disposición del Juez Federal es confrontar en los Tribunales interponiendo recursos y desplegando una estrategia defensiva negacionista de la existencia de la problemática, que sólo ha logrado hasta la fecha lo siguiente: 1) los propietarios de las fincas afectadas por la restricción protestan porque, según dicen, no hay otra forma de producir que aplicando productos de síntesis química, y por ende, que no pueden generar ingresos con su capital y, no obstante,  deben continuar pagando tasas e impuestos y el Municipio ni siquiera les condona deudas o los exime de las tasas, a pesar del aporte que en materia ambiental significa mantener ociosas esas superficies; 2) los que sufrieron daños en su salud por causa de las pulverizaciones con agroquímicos no recibieron atención ni acompañamiento ni búsqueda de soluciones por parte de la Municipalidad y sólo confían, por ahora, en el camino judicial para obtener reparación y protección; 3) existe una paulatina pero incesante reconfiguración del espacio que provoca el avance de la urbanización hacia zonas típicamente rurales, sin planificación y anárquicamente, sin obras de infraestructura, sin licencia social, ni debates, y al galope de negocios inmobiliarios que generarán en el corto plazo nuevos conflictos por las mismas causas.

AUSENCIA DE POLÍTICA MUNICIPAL PARA EL CUIDADO DEL AMBIENTE

En definitiva, a casi tres años de vigencia de una medida cautelar, el poder político y especialmente las autoridades del Ejecutivo Municipal de Pergamino no ha sido capaz de articular y crear ámbitos de diálogo, negociación, reparación de los danmificados  y consensos para implementar medidas y políticas que permitan compatibilizar el cuidado del ambiente y en particular la salud humana con la recuperación productiva de tierras aptas para la producción agropecuaria.

Como consecuencia de un anteproyecto de ordenanza presentado en el año 2017 ante el H. C. D por la Asamblea para la Protección de la Vida, la Salud y el Ambiente, el Cuerpo Deliberativo de Pergamino sancionó por unanimidad  la ordenanza 9166/19 , reglamentada por el Decreto PE-2223-2020, de promoción a la producción de bienes y servicios agropecuarios en forma extensiva, intensiva o semi-extensiva encuadradas bajo el sistema agroecológico, que persigue el desarrollo de estrategias para la producción agroecológica en las denominadas zonas de exclusión o amortiguamiento como también promover la producción agroecológica en superficies en las cuales no se plantea la restricción dotando de diferentes herramientas facilitadoras que generen condiciones favorables para su desarrollo. En la ordenanza se contemplan distintos beneficios para los productores que certifiquen su producción como agroecológica, como por ejemplo, bonificación de tasas municipales, ser priorizados para las compras estatales, participación prioritaria en ferias, exposiciones, etc., todo lo cual podría sumarse el acceso a líneas crediticias y distintos programas que están siendo implementados a nivel provincial y nacional a través de las Direcciones de Promoción de la Agroecología.

UNA ORDENANZA EN AGROECOLOGÍA QUE NO SE IMPULSA

A pesar de múltiples peticiones y reclamos hasta la fecha no se ha logrado que la Municipalidad de Pergamino convoque a la constitución del Consejo de Producción Agroecológica, primer paso para poner en marcha un programa destinado a impulsar un sistema productivo  agropecuario de transición que disminuya la carga de contaminantes químicos, preserve la biodiversidad y la capacidad productiva del suelo, prevenga o minimice la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, genere alimentos saludables, disminuya la huella de carbono, haga más eficiente el uso del agua, arraigue al productor y su familia a la tierra, respete el paisaje natural, mantenga óptimos niveles de productividad, en fin, dote de sustentabilidad social, económica y ambiental al sistema productivo. Frente a la pasividad de los responsables políticos se acumulan y profundizan problemas y tensiones sociales que lejos de abordarse y canalizar a través del debate franco y constructivo en la búsqueda de soluciones, se agudizan generando frustración, bronca, desconfianza  y desesperanza.

Armonizar la tutela del ambiente y producir constituye una problemática sistémica, compleja, que requiere actuar proactivamente, y no en forma reactiva. Es imperioso que nuestra sociedad asuma como un deber y una responsabilidad discutir e implementar en materia ambiental políticas de estado que nazcan de la participación popular que debe extenderse a los mecanismos de contralor, de escucharnos en nuestra diversidad, de asumir los problemas y no de su ocultamiento o minimización, que tengan firmeza en los objetivos y flexibilidad en los instrumentos, que contengan dispositivos de alertas y preventivos porque estamos ante un mundo marcado por la incertidumbre y la inestabilidad.

La intervención de la justicia disponiendo medidas que impactan en los usos del suelo y en la planificación urbana de una comunidad a los fines de salvaguardar la salud de la población y la protección de los bienes comunes, pone en crisis la eficacia y la aptitud de la dirigencia, especialmente política, pero también académica, técnica, profesional y empresarial, para dirigir y orientar al conjunto social y a sus instituciones hacia un modelo de vida que garantice derechos elementales que hacen a la sustentabilidad de toda sociedad humana. Urge dejar de esconder la cabeza como el avestruz y afrontar los problemas y las responsabilidades de cara a los ciudadanos, promoviendo el involucramiento del pueblo en la búsqueda de soluciones, dándole intensidad a la democracia, y generando instituciones o mecanismos participativos que partiendo de demandas sociales concretas resulten aptos para alcanzar consensos que nos permitan decidir un rumbo compartido, un proyecto sugestivo de vida en común.

Asamblea para la Protección de la Vida, la Salud y el Ambiente.

Martín Torigino

Compartir en: