LOS PROFETAS DEL ODIO

En su obra clásica sobre la guerra Karl von Clawsewitz decía que las intenciones hostiles de un estado que tenían un claro objetivo elaborado por su sistema político y los estados mayores de sus ejércitos debían complementarse incentivando un sentimiento hostil en la tropa que no alcanzaba a comprender las motivaciones de las decisiones para iniciar y mantener una guerra. Diferenciaba entonces decisiones racionales y actitudes emotivas (intenciones y sentimientos) que se expresaban en la guerra en el odio hacia el enemigo. Invirtiendo los términos de la ecuación de Clawsewitz  sobre la relación entre la política y la guerra podríamos decir que quienes elaboran las políticas desde los grandes centros de poder, que son pensadas y analizadas para mantener una situación de dominación de unos países sobre otros y grupos de poder sobre los pueblos, deben inculcar las mismas intenciones hostiles sobre aquellos sectores sociales que son objeto de esas políticas de dominación porque no podrían comprender explicaciones racionales que los lleven a adoptar decisiones en contra de su patria, de su pueblo, de su propia dignidad humana, de sus intereses materiales en la vida diaria. Entonces mientras los grandes sectores del poder internacional piensan y discuten teorías que sistematizan para aplicarlas a largo plazo (por ejemplo, los consensos de Washington) se inculcan en los países y sectores sociales dominados actitudes emocionales, no racionales, dirigidas contra los actores políticos que han elaborado teorías que permiten encarar tareas que significan una auténtica independencia del país y en consecuencia una mayor igualdad y dignidad social. Aparecen así teorías políticas que en manos del pueblo se constituyen en un arma de liberación y actitudes emotivas, sentimientos hostiles, en definitiva, actitudes ideológicas, que se manifiestan en el discurso del odio de sectores que los enfrentan y que, sin embargo, por su posición social o por un verdadero patriotismo deberían estar en otra posición. Entonces para los países centrales, grandes corporaciones internacionales y sectores sociales dominantes es menos costoso operar a través de medios de comunicación, aparatos permanentes de justicia y sectores políticos cipayos que invadir países y exterminar pueblos, aunque en última instancia esto último es lo que hacen.

Durante el siglo XIX Sarmiento, sin ninguna sutileza, propuso el exterminio de pueblos. Lo sintetizó como la lucha entre la civilización y la barbarie que en gran medida fue la lucha entre unitarios y federales y también el marco teórico de los análisis historiográficos. «No había que ahorrar la sangre del gaucho», escribió. Alberdi sostuvo la necesidad de sustituir nuestra población por inmigrantes anglosajones y ese objetivo quedó plasmado en la Constitución de 1853.  El proceso inmigratorio que tuvo otras características al propugnado por Alberdi nos trajo las luchas sindicales, anarquistas, y la consiguiente represión. Se sancionaron así leyes específicas en contra de los extranjeros que participaban en las luchas sindicales (a nadie, como sucede ahora, se le ocurrió considerar extranjeros a quienes habían nacido en Suramérica). Vivimos, entre otras, las represiones en la semana trágica y los fusilamientos en las huelgas patagónicas. En 1930 apareció la tortura contra el disidente político, en ese momento los radicales. Con el golpe de estado de 1955 se pretendió borrar al peronismo de la escena política argentina pero no pudieron hacerlo ni con el bombardeo de Plaza de Mayo, los fusilamientos y la proscripción. Arturo Jauretche observó ese fenómeno tan particular en su libro Los profetas del odio. Por encima de la oposición política se incorporó un elemento emotivo, irracional, para enfrentar al peronismo construyéndose así una serie de mitos para justificar ese odio. No se podía enfrentar racionalmente a sus políticas. ¿Cómo alguien podía oponerse a las conquistas sindicales, a las nacionalizaciones, a la soberanía de la patria? Fue necesaria la política del odio. Después, parcialmente, las siguientes dictaduras, modificaron al peronista por el comunista o el subversivo, pero en el fondo el comunista o el subversivo era en su mayoría peronista. Vinieron entonces las cárceles, las desapariciones, los vuelos de la muerte, el exilio. Alguno de los generales se jactó de no haber matado personas sino subversivos. Pero recogiendo las experiencias de lucha durante el siglo XIX siempre se mantuvo la resistencia del pueblo, sin odio, sin venganza, juzgando después a los autores de tales atrocidades con las leyes vigentes. Es bueno recordar, para aquellos argentinos de mentalidad extranjera al servicio de extranjeros las palabras de San Martin cuando la Confederación Argentina enfrentaba con valentía los bloqueos impuestos por las grandes potencias: los argentinos no somos empanadas que se comen tranquilamente con solo abrir la boca.

Ahora, después de treinta y nueve años de democracia ininterrumpida (democracia a la que se le pueden agregar muchos calificativos que la limitan) se ha atentado contra la vicepresidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner. Es la manifestación de la política del odio que por ser irracional es unilateral; la aplica uno solo de los sectores en los que se encuentra dividido el país. Los medios de comunicación, la justicia, y sectores políticos crean una realidad (la posverdad) que es difícil contrarrestar, que a la vez se convierte en una cultura. Entonces se actúa con independencia de la realidad, irracionalmente, sobre la base de esa cultura que se creó. Como proponen los profetas del odio.

De lo que se trata, entonces, es de retomar lo que fue nuestra cultura, la que alguna vez tuvimos cuando se respetaba al vencido durante las guerras civiles o en patriadas locales. La que Juan Agustín García destacó, a principios del siglo XX, señalando que uno de los caracteres que definían al argentino era el culto al coraje, que se contrapone con los actos de cobardía perpetrados en la represión contra el pueblo, coraje que también marca Borges en sus escritos y que él mismo expresó cuando se enteró de las desapariciones. Al hombre desarmado no se lo mataba, se le daba un cuchillo para que se defendiera.

Por eso ante el reciente atentado no basta con las declaraciones y movilizaciones. Como primer paso se deben expulsar por inhabilidad moral de todos los órganos legislativos a quienes proponen, contra toda la legislación vigente y el nivel de cultura alcanzado por la humanidad, la pena de muerte. Se debe promover la propiedad comunitaria de los medios de comunicación para que la población pueda ejercer efectivamente su derecho a la información. Se debe restaurar la confianza en la justicia comenzando para ello con la anulación del proceso que se le sigue a la vicepresidenta, mediante una resolución de la Cámara de Casación o de la Corte Suprema, porque no es juzgada por un tribunal imparcial, ya que, en caso contrario lo harán tardíamente los órganos internacionales de control, con graves consecuencias jurídicas y políticas para el país.

Ramón Torres Molina

Profesor de Historia Constitucional U.N.L.P. (1984-2019)

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