NO A LA MEGAMINERÍA, SI AL AGUA

SOPLAN FUERTES VIENTOS PATAGONICOS AMBIENTALISTAS.

Se cierra el 2021 con una ejemplar y poderosa lección de resistencia y movilización popular de las asambleas ambientalistas de Chubut.

Miles de personas se volcaron masiva y pacíficamente a las calles y las plazas de las ciudades más importantes y en la capital, para manifestarse en contra de una ley de zonificación minera que se había sancionado mayoritariamente unos días antes.

En algunas protestas hubo graves y violentos incidentes que terminaron con incendios, heridos y detenidos a raíz de la brutal represión y cacería policial ordenada por el gobierno.

El proyecto enviado por el estado provincial creaba una zona de excepción, con posibilidades de ampliación, sin uso de cianuro, que permitía la exploración y explotación metalífera química, de plata, cobre y plomo en algunas zonas de la provincia, como Telsen y Gastre.

Para la extracción de la riqueza minera (“BIENES COMUNES” para las asambleas), igualmente se utilizan métodos tóxicos como el xantato y se necesitan millones de litros de agua porque los minerales tienen poca concentración en las rocas. Se calculan miles de litros por segundo para desprender un gramo por tonelada. En una región llamada meseta central, donde se asienta un acuífero llamado Sacanana cuyos estudios arrojaron resultados positivos en cuanto a su potabilidad.

Los asambleístas denuncian que los proyectos de desarrollo de la industria minera que habilitaba la ley generarían severos efectos contaminantes, aunque no se utilice cianuro. Pero subrayan que el mayor impacto nocivo es el estrés hídrico que se suma a la vulnerabilidad en la que se encuentra la provincia por falta del recurso agua de superficie, por las tareas en la etapa de exploración minera si permitida, por sequía y efectos del cambio climático.

LA COSECHA DE 18 AÑOS DE LUCHA.

Esta actual y fuerte historia de lucha del pueblo chubutense organizado en la Unión de Asambleas Ambientalistas, es hija de la digna lucha del año 2003 cuando logran la sanción de la ley que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso del cianuro.

No obstante, la norma (ley llamada 5001) fue sancionada con una trampa ya que en su artículo segundo posibilita la división en zonas para determinar en dónde y bajo qué condiciones se podría explotar, dependiendo en última instancia de la licencia social, o sea la aprobación ciudadana. Cabe mencionar que dicho artículo se encuentra vencido, ya que establecía un plazo de 120 días y pasaron 19 años.

En ese marco, y con una política nacional de incentivos a la industria minera del gobierno nacional para acrecentar las exportaciones y de un interés particular de las provincias de crear empleo y cobrar regalías, como así también de los municipios de sumarse al reparto si adhieren a la ley, es que desde el poder político se dieron señales y garantías al lobby empresarial de que la ley salía antes de fin de año.

Como se denunció en las protestas, una ley apurada por sorpresa, con votos dudosos en términos de coimas de algún legislador, y a la medida del mayor proyecto llamado “Navidad” de la compañía canadiense Pan American Silver que está instalada hace años.

La empresa perforó territorio afectando fuentes de agua, sabe del potencial del acuífero Sacanana de donde extraería el agua para la explotación minera del mayor yacimiento de plata, meganegocio rentable si lo hay.

No solo se oponen a la ley, ciudadanos, pueblos originarios, comunidades eclesiásticas y sus sacerdotes. Sino también académicos de la Universidad Nacional de la Patagonia, e investigadores del CONICET, que alertaron sobre las consecuencias negativas sobre el ambiente.

LA FUERZA DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA DIRECTA.

Entrevistada por La Banquina, la activista Cristina Agüero, histórica integrante de la primera Asamblea No a la Mina de Esquel, que está cumpliendo 18 años, fundamentó que tipo de argumentos tiene la conciencia del pueblo chubutense para rechazar la ley y evitar el extractivismo a través de la megaminería.

LB: ¿Qué esconde la ley derogada?

CA: La ley pretende reducir el área de explotación a la meseta central, pero perversamente puede ampliarse según un artículo. O sea, es la puerta de entrada porque el 64 por ciento del territorio chubutense posee proyectos mineros en diferentes etapas de avance. En marzo de 2020, el grupo económico IRSA invirtió dos millones de dólares en el proyecto Cordón Esquel y hoy no está permitido. O sea, la jugada es a futuro.

LB: ¿Si no se usa cianuro no hay contaminación?

CA: Hoy se usan productos químicos igual de contaminantes como el cianuro. El problema es la escala de producción. Mega extensiones de territorio, voladuras, explosivos, contaminación de suelos, y consumo exorbitante de agua a mega escala.

Un pueblo cercano al proyecto “Navidad” está sin agua hace seis meses. La empresa les ofrece pagar la perforación. Presión y chantaje a un pueblo que necesita el agua, y al que se lo va a sacar.

LB: ¿Se quiere persuadir a los pueblos que estos proyectos generan empleo?

CA: Deben saber que es mentira. La provincia megaminera numero uno es San Juan. Uno de cada cinco ciudadanos cobró el IFE. Dicen que retribuyen a los vecinos con trabajo, compran medios de comunicación y después vemos los cinco derrames contaminantes sobre el Rio Jachal de la Barrig Gold por falta de controles del estado con su secuela de contaminación. La solución al problema del desempleo no es extractivismo y ecocidio y contaminación con plomo a las próximas generaciones, y menos aún la condena a la falta de agua.

A 38 años de la recuperación de la democracia el pueblo de Chubut enseña que además de la representativa formal, la democracia con contenido real es aquella que se expresa organizada, activa y directa para torcer rumbos históricos de injusticia. La política institucionalizada debió escuchar a la sociedad politizada por sus derechos expresada en la calle. Tumbó una ley. Se viene un plebicito.

Otra dura lucha. Como son las luchas populares. Duras, históricas y a veces ganables.

Gustavo Pérez Ruíz

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