DE VIOLENCIAS Y PANDEMIA

El año 2020 abrió un escenario nuevo de acción, donde violencias y pandemia se conjugaron como aliados para recrudecer la situación de diferentes grupos sociales. En este marco, trataremos de exponer el rol de las fuerzas de seguridad como responsables de la implementación del aislamiento con control en las calles.

El 11 de marzo de 2020, la OMS, declara el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, por lo cual el Gobierno Argentino adopta el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) con el fin de proteger la Salud Pública, a partir del 20 de marzo.

La pandemia desencadenada por el virus Covid 19 que inundó el mundo, expuso y desplegó una escalada de situaciones de diferentes violencias, que no se desarrollaron como emergentes de la pandemia, esto es, ya existían, pero la cuarentena y el aislamiento empeoró el escenario de acción, como es el caso de mujeres y niñas en situación de violencia machista en el ámbito doméstico o para el colectivo LGTTBIQ+, muy en particular la comunidad travesti-trans, seriamente afectada por la precarización de sus formas de subsistencia que se agravaron por el contexto del ASPO, y el hostigamiento policial, pero más allá de esto, que debe tener un tratamiento especial y profundo por lo que implica y conlleva, en este artículo trataremos de desasnar el rol de las fuerzas de seguridad como responsables de la implementación del aislamiento con control en las calles. 

Que las fuerzas de seguridad fueran las designadas para controlar el cumplimiento del aislamiento obligatorio, desencadenó un aumento en las prácticas violentas que agravó la situación, dado que el aspecto represivo cobró relevancia y el resultado fue un incremento exponencial de detenciones arbitrarias, hostigamiento, fusilamientos de gatillo fácil en las calles, o la desaparición forzadas seguidas de muerte de Facundo Astudillo Castro y Francisco Javier Cruz en la provincia de Buenos aires, y de Luis Armando Espinoza en Tucumán como extremos más terribles de esta progresión de casos de violencia institucional o el caso de Ulises y Ezequiel dos jóvenes oriundos de la localidad de San Nicolás que encontraron la muerte cuando fueron embestidos por un patrullero policial en una supuesta persecución por violar el aislamiento.

No se trata de un asunto del aquí y ahora, sino un problema estructural e histórico de nuestro país que la cuarentena permitió que se volviera a ver. Las prácticas represivas se repiten de manera sistemática desde 1983 como resabios de la feroz dictadura que implementó el Terrorismo de Estado en Argentina y que la democracia no ha podido saldar aún.

Anclada al norte de la Provincia de Bs As, Pergamino no es ajena a lo que ocurre en el resto del país en cuestión de violencia institucional. En el 2020 como en los últimos meses la virulencia de las prácticas violentas de las fuerzas de seguridad (o de inseguridad para algunes) avanzó con mordacidad, ensañamiento y crueldad sobre los más pobres, en particular jóvenes varones y desde luego, la vigilancia se agudizó en los barrios periféricos como un dispositivo de control y disciplinamiento que profundiza la exclusión social: el hostigamiento, los malos tratos, uso abusivo de la fuerza, allanamientos ilegales, torturas en las comisarías 1era y 3era integran el repertorio de intervenciones violentas de la policía en nuestra ciudad. Varias denuncias por semana, la metodología es la misma, las víctimas son acusadas de resistencia a la autoridad cuando intentan defenderse del poder policial que utiliza su fuerza para violentar. Todo esto acompañado de un control político y judicial que es bajo y deficiente, las denuncias se realizan en la fiscalía de turno, a merced del funcionario público que tenga la voluntad de encuadrar el hecho en la Resolución 1390 para que la investigación comience su curso enmarcada en violencia institucional, por el contrario prima la versión policial, por otro lado, no se registran los casos, en consecuencia, no se tiene una estadística clara de la situación, sin mencionar el número importante de victimas que no se anima a hacer la denuncia por miedo a las represalias de los victimarios, pueblo chico, infierno grande, dice el dicho popular, en Pergamino si queremos nos conocemos todes. Los organismos locales de Derechos Humanos como la Asociación por La Memoria y los DDHH y Colectivo Antirrepresivo Sie7e, se han conformado como órganos de recepción de dichas denuncias e intervienen en el asesoramiento y acompañamiento a las víctimas y sus familias.

Es necesario entonces, un compromiso político del gobierno nacional y de los gobernadores para impulsar reformas de fondo. En el caso de Pergamino, es preciso dentro del Ministerio Publico Fiscal la creación de una fiscalía temática en violencia institucional, el aumento de casos debería poner a este déficit en la lista de los temas prioritarios. Sin dejar de mencionar, el imprescindible compromiso del sector político local que, por el momento, no atiende esta demanda, léase gobierno municipal y secretaria de seguridad.

Por tanto, organismos de DDHH, sector académico e instituciones abocadas a la temática sostienen la inminente necesidad de impulsar reformas de fondo basadas en diseñar: organismo de control externo con capacidad de investigar la labor policial, producir información estadística, cualitativa y sistematizada de acceso público sobre las actividades policiales, (lo que incluye pero excede a las estadísticas sobre delitos) desarrollar protocolos de actuación con criterios claros de intervención policial, revisar los planes de formación y capacitación y reentrenamiento continuo.

Es urgente transformar las prácticas de las fuerzas de seguridad en todo el país para que el NUNCA MÁS sea NI UN PIBE MENOS.

Karina Gorordo

Ilustración: Damián San Martín | Artista Plástico.

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